La Industria en pleno clama por una nueva legislación más acorde con los países de nuestro entorno

Después de un verano que pasará a la historia como el momento de máximo desencuentro entre el Estado y la Industria, se avecina un otoño lleno de tensiones. Los empresarios han puesto sobre la mesa en tres reuniones multitudinarias -la presentación del Informe sobre la Piratería, el VI Foro de las Industrias Culturales y la Rueda de prensa organizada por la Unión de Asociaciones Empresariales- los grandes problemas que la política cultural del actual gobierno está produciendo a todo el conjunto de las Industrias Culturales.  Mientras tanto, casi todos los indicadores de la Industria continúan en su tendencia descendente.

Escrito por: Redacción cine y tele.com
 
Producción

La producción de películas, según datos proporcionados por FAPAE, hasta el 15 de julio de este año ronda las 93, una cifra ligeramente inferior que en el primer semestre del pasado año. Sin embargo, este dato no es el peor: lo verdaderamente tremendo es que el presupuesto medio de estas producciones desciende sin parar desde los 3 millones en 2009, a los 2,5 millones un año más tarde, 2,2 millones en 2012, para llegar a los 1,6 millones del pasado año, o a los 1,5 millones de este 2014, año en el que tan sólo el 18 por ciento de las obras cuentan con un presupuesto alto, a partir de 5 millones de euros. Esto nos coloca cada vez en peor situación para competir en un mercado dominado por producciones de otros países (incluso europeos) donde los presupuestos de producción son notablemente mayores. Con lo que en España se produce un largo, en Francia, Reino Unido o Alemania sólo se puede hacer un capítulo de una teleserie.

Aunque desde Cineinforme nunca hemos defendido vías de financiación como el crowfounding o el micromecenazgo resulta evidente que, ante la triste y precaria situación de las actuales alternativas para financiar nuevos proyectos,  los productores utilicen estos métodos para que sus obras vean la luz.  Tal es el caso de Operasiones espesiales, la primera película nacional que ha contado para su financiación con más de un 80 por ciento en forma de aportaciones  de micromecenazgo y crowfounding, siguiendo la estela de iniciativas como El Cosmonauta o con la premiada Stockholm.

Distribución

La distribución, numéricamente hablando,  también se encuentra en un nivel mantenido: en el primer semestre de 2013 se estrenaron un total de 196 obras, de las que 48  eran españolas o en coproducción con nuestro país, mientras que en el mismo periodo de este año el número ha sido de 216 estrenos de los que 56 son españolas y coproducciones. Otra cosa muy distinta sería hablar de rendimiento por copia o por pantalla, que ha caído hasta niveles imposibles de soportar.

Industrias Técnicas

Como consecuencia de todo ello, las industrias técnicas están pasando también un mal momento, con el cierre de algunas de ellas y las fusiones entre otras varias para reducir costes de explotación y poder mantenerse así en un mercado con una tendencia a encogerse. Ni siquiera la producción para Televisión o Cine Publicitario ha sido suficiente para dar una cierta tranquilidad a los laboratorios y otros proveedores técnicos, acosados por un crecimiento exponencial del intrusismo, de la competencia desleal y de la economía sumergida.

Exhibición

La exhibición, a base de sus esfuerzos por bajar el precio de las entradas con promociones continuas, ha logrado aumentar considerablemente el número de espectadores (33,2 millones en el primer semestre de 2013 frente a los 42 millones logrados en el mismo periodo de 2014), pero el aumento de la recaudación no ha sido notable. Así, en el primer semestre del pasado año se recaudaban 229 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de éste, la cifra es de 252 millones de euros.

Posiblemente, en el incremento de espectadores haya tenido mucho que ver, además de las ya mencionadas promociones, el fenómeno Ocho apellidos vascos, la película española más exitosa de la historia, tanto en recaudación como en espectadores, que ostenta la segunda posición del ranking de películas con mayor recaudación en nuestro país. Pero la industria no puede basar, ni confiar, su existencia futura en la esperanza de que aparezca una película “salvadora” de tanto en tanto, tal y como pasara en su momento con Lo imposible. Son hechos aislados de los que un sector no puede depender. Por otra parte,  tampoco se puede sostener la idea de que el cine en las salas sobreviva en España a base de que los empresarios trabajen con márgenes casi nulos.

¿Qué está pasando?

Como ya hemos repetido muchas veces, el marco legal en que se desenvuelve la actividad industrial en el sector audiovisual español es el más represivo e irracional de toda la Unión Europea. Parece diseñado como una caza de brujas para liquidar al sector. Por un lado, se desmonta el sistema de ayudas anterior (el Fondo de Ayudas del ICAA no ha dejado de encogerse desde hace tres años de forma muy notable) y por otro, se promete un nuevo sistema de financiación vía desgravaciones fiscales que tarda dos años y medio en llegar… y cuando llega, resulta que no sirve para nada. Ni inversores españoles ni productores extranjeros se verán incentivados por las medidas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de junio y que, si nadie lo remedia, entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2015.

Los productores españoles continúan sin cobrar las ayudas que les corresponden por Ley desde 2012, mientras que el anteproyecto de reforma de la tan deseada Ley de Propiedad Intelectual, votado por la Comisión de Cultura el pasado 22 de julio, es un texto que ha convencido tan solo al propio Gobierno.

Para tener una idea de lo que han dado de sí los siete primeros meses de este año, en cuando la industria audiovisual se refiere, hemos elaborado lo que podríamos llamar “Calendario de Desastres”.

2014, un año para olvidar

En enero el plenipotenciario ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantenía un encuentro con representantes de la industria cinematográfica en el que les transmitía la voluntad del Gobierno de estudiar  los incentivos fiscales a la producción cinematográfica y les reiteraba el compromiso de hacer efectivo el pago de las obligaciones del Fondo de Protección para la Cinematografía correspondientes al último trimestre de 2011 y al año 2012. Promesas falsas para ganar (ellos) y hacer perder tiempo (a todos nosotros).

En febrero Enrique González Macho anunciaba su salida como presidente de la Academia de Cine, algo que ya se intuyó en la Gala de los  Premios Goya de 2014, una gala que, por cierto, quedará marcada por la ausencia del ministro de Cultura, cuando en su discurso González Macho apuntaba, entre otras muchas cosas, frases como, “…hoy en día hacer una película en España es casi un acto heroico”. El presidente de la Academia hacía una reflexión sobre los principales problemas del sector entre los que, obviamente, estaban todos los temas que desgranamos en este reportaje.

En ese mismo mes de febrero, el Gobierno aprobó una Ley especial y urgente para las desgravaciones en el mercado de la compra-venta de obras de arte para favorecer el desarrollo de la Feria ARCO en Madrid. Pero de la reducción del 21 por ciento del IVA en los cines, ni hablar.

También en febrero se cumplían dos meses desde que el Consejo de Estado reprobase el texto del Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, LPI, redactado por el Consejo de Ministros. Hasta entonces, nada se había movido …

En marzo, el Ejecutivo aprobaba una partida extraordinaria de 170 millones de euros para subvencionar las ventas de coches y,  una vez más, de la reducción del 21 por ciento del IVA en los cines o de las ayudas para la industria cinematográfica, ni hablar.

En abril la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos daba a conocer los principales inputs del Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales 2013, en el que se acentuaba el grave problema que la industria cultural vive en España y se demostraba la inexistencia de medidas eficaces para ganar la guerra contra la piratería. Como muestra no un botón sino dos: entre los resultados del informe se afirmaba que el 84 por ciento de los contenidos adquiridos en nuestro país son piratas y el valor de lo pirateado online el pasado año superó los 16.100  millones de euros para el conjunto de las industrias culturales, un 6,5 por ciento más que en el año anterior. Un informe, por cierto, que no le gustó al  Gobierno, que en un comunicado del Ministerio de Cultura señalaba “que se trata de un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada, que no ha sido remitido con antelación al Ministerio de Cultura para poder analizarlo con rigor”. Algo inaudito. A partir de ese momento todas las organizaciones, sean del sector que sean,  que realicen un informe riguroso sobre un tema, ¿han de enviar los resultados al ministerio correspondiente para que dé su bendición, antes de informar a la ciudadanía?

En mayo se publicaban extensos informes sobre la escasa presencia española en los grandes mercados internacionales: Berlín y Cannes. Está bien claro: no producimos la clase de producto que demanda el mercado internacional y, además, el ICEX ha reducido de forma drástica las ayudas a los exportadores de cine de largometraje para concentrar todos su esfuerzo a favor de los creadores de videojuegos, algo que debería haber puesto en marcha años atrás, pero sin detrimento del apoyo a los exportadores “tradicionales”.

También en mayo, pocos días antes de que se celebrasen las elecciones al Parlamento Europeo, tenía lugar el sexto Foro de Industrias Culturales, organizado por la Fundación Santillana y la Fundación Alternativas, que llegaba para cubrir el hueco que los políticos españoles y europeos dejaron en sus debates, en los que no hicieron alusión alguna a la Cultura.  Los diversos participantes mostraron su preocupación por la situación de la Cultura, como el presidente de FAPAE, Ramón Colom quien aseguraba, entre otras cosas, que “la mayoría de las directivas europeas no se cumplen en España” o que “La Ley contra la Piratería no se podrá aplicar en España porque el órgano encargado no cuenta con dotación  presupuestaria suficiente”.  O Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de FECE, quien afirmaba de forma contundente que “el Gobierno del PP ha entrado en el sector cultural como un elefante en una cacharrería, agrediéndolo de diversas formas. El IVA y la piratería están dejando las salas de cine en caída libre. Como nuestro Gobierno no nos defiende, debemos pedir ayuda 'al primo de Zumosol', es decir, al Parlamento Europeo”. Solo por tener en cuenta a dos de los intervinientes, pero lo cierto, es que la jornada dio para mucho más… 

En junio se hace público Anteproyecto de Ley de Reforma Fiscal, en el que toda la industria tenía puestas sus esperanzas. Esperanzas que se desvanecen cuando leemos que todo quedará igual que estaba antes en cuanto a desgravaciones por inversión en producción nacional (un 18 por ciento, con un 20 por ciento para el primer millón de euros, cifras que no producirán ningún incentivo, como ya se ha venido viendo desde que se implantó esta medida en 1999). En cuanto a deducciones para productores extranjeros que deseen rodar en España, se crea una nueva figura, que consiste en la aportación por parte del Estado del 15 por ciento de los costes. Algo que tampoco sirve para nada, pues en Rumanía alcanzan el 50 por ciento, Alemania o Italia llegan hasta un 40 por ciento, en Francia entre el 20 y el 40 por ciento, en Irlanda un 28 por ciento o en Reino Unido, que oscila entre el 20 y 2l 25 por ciento.

En cuanto a la Ley de Propiedad Intelectual que, como ya hemos comentado al principio de este reportaje, ni estaba ni se la esperaba..., de momento. Y de ella depende la recuperación de la remuneración por copia privada y, sobre todo, las nuevas medidas para luchar contra la piratería, el gran cáncer del sector. Pues bien, ya con el verano entrado y con casi las maletas en el coche, al Gobierno le entra prisa y el 22 de julio la Comisión de Cultura aprobaba, por la mínima (22 votos a favor y 20 en contra) la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, para remitirla al Senado en otoño. Una reforma que no reforma nada, y de la que, si no se cambia de forma radical, nadie espera resultados eficientes.

Explosión de rabia

Todo ello hace explotar de rabia a los empresarios que, a través de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española, que representa a más de 4.000 empresas del sector, convoca una conferencia de prensa el 16 de julio, en la que cine, teatro y música dicen ¡basta ya al 21 por ciento de IVA!, a través de una carta abierta al presidente del Gobierno en la que le dan un ultimátum: o baja el IVA en dos meses o emprenderán acciones.


En la rueda de prensa estuvieron presentes los representantes del Comité Ejecutivo de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española: Jesús Cimarro, presidente de FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza), Ramón Colom, presidente de FAPAE (Confederación que integra a los productores audiovisuales españoles), Juan Ramón Gómez Fabra, presidente de FECE (Federación de Empresarios de Cine de España ), Pascual Egea, presidente de APM (Asociación de Promotores Musicales de España) y Emilio Santamaría, presidente ARTE (Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo).

Una vez leída la carta por Ramón Colom, y ya en el turno de preguntas, se pudieron  escuchar frases tan contundentes como las que reproducimos a continuación, frases que no necesitan ningún comentario y que encajan perfectamente con la línea editorial mantenida por Cineinforme en el último año:

“El ministro de Cultura nunca se ha pronunciado sobre el problema del IVA cultural, no está ni se le espera” Gómez–Fabra (FECE)

“Está medida traerá décadas de desierto cultural”. Jesús Cimarro (FAETEDA)

“Estamos sufriendo una pérdida constante de  público que, dos años después de la medida, puede cifrarse en un 30 por ciento de consumidores”. Gómez–Fabra (FECE)

“Los exhibidores no pedimos subvenciones, solo una reducción del IVA, simplemente queremos que no nos maten” Gómez – Fabra (FECE)

“En España el cine ha sufrido una pérdida de la asistencia de un 15%, descenso de la recaudación bruta de un 17% y neta de 22%” Gómez-Fabra (FECE).

 “Aunque nos llamemos Industrias Culturales, creamos una sola Cultura. No somos un artículo de lujo” Ramón Colom (FAPAE)

“El Gobierno nos tiene contra las cuerdas, no podemos seguir perdiendo dinero” E. Santamaría, (ARTE)

“Si la piratería nos mata, el IVA nos remata” Gómez-Fabra (FECE)

“Estamos perdiendo nuestra identidad cultural” Pascual Egea (APM)

“Es hora de pedirle al Gobierno que reflexione y marque un camino para volver a ese IVA reducido que necesitamos” Ramón Colom (FAPAE)

 “La  carta abierta es el primer paso. Pretendemos que en estos dos meses se nos escuche, si no es así estamos estudiando las medidas que adoptaremos en conjunto, después del verano” Jesús Cimarro (FAETEDA)

“El sector es frágil y esta medida ha conseguido que la economía sumergida vuelva, después de muchos años”. Jesús Cimarro (FAETEDA).

 “55MM ha recaudado Ocho apellidos vascos, de los cuales 12 MM han ido a parar a las arcas del Estado”. Gómez-Fabra (FECE)

“Los teatros públicos no tienen IVA, mientras que los privados tienen un IVA de 21 por ciento”. Jesús Cimarro (FAETEDA).

Tan sólo un día después de esta rueda de prensa, Susana de la Sierra, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA, presentaba su dimisión irrevocable, sumándose así al clamor de la industria audiovisual. En el Consejo de Ministros del viernes 18 de julio, menos de 24 horas después de la dimisión de de la Sierra, se aprobaba el  nombramiento de Lorena González para sustituirla.

Sobre la dimisión de Susana de la Sierra, el crítico de cine y ex director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, ICAA, Fernando Lara afirmaba durante su participación en el curso “Carlos Saura. El cine de un artista total”, de la Universidad Complutense de Madrid que “durante dos años y medio se ha esforzado enormemente por mejorar la situación del cine español desde el punto de vista legislativo, tributario, de apoyos, económico, etc.”. Aseguraba asimismo que “se había dejado la piel en ese empeño y no ha tenido el respaldo suficiente por parte de quienes estaban, y quienes están, por encima de ella: el secretario de Estado de Cultura y el ministro de Hacienda,  algo imprescindible para que un director general pueda realizar su tarea”.

Lara también declaraba que Susana de la Sierra acabó por “tirar la toalla ante la constatación de que esa serie de medidas que ella quería impulsar no se podían llevar a cabo por la cerrazón del Ministerio de Hacienda, sobre todo a raíz de las últimas decisiones con respecto a las desgravaciones fiscales y a la no bajada del IVA sobre el sector cultural”.

A juicio de Lara, Lorena González  es “una persona muy trabajadora, muy cordial, accesible, muy conocedora del tema y que continuará todo aquello que Susana ha puesto en marcha durante estos años”.

Último golpe: el anteproyecto de LPI

Como era de esperar el texto de la reforma parcial del anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por la Comisión de Cultura el 22 de julio,  no da respuesta a las necesidades de nuestro sector audiovisual: compensación por copia privada y persecución de la piratería. Lógicamente, se levantaron voces en contra, como las de las entidades de gestión españolas, agrupadas en la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi, que, en un comunicado rechazaban “un  texto que al hacer más difícil la gestión de derechos crea problemas en lugar de resolverlos, y tampoco garantiza la protección de las obras frente a la piratería online”.   Así, manifestaron su firme oposición al proyecto impuesto por el Gobierno y lamentaban que “la Secretaría de Estado de Cultura haya incumplido su compromiso de aprobar una ley basada en el diálogo constructivo con los titulares de derechos y en la búsqueda de consenso político para dar estabilidad a un sector en una situación crítica”.

A juicio de Adepi, que integra a todas las entidades españolas de gestión de derechos de propiedad intelectual, el texto “convierte en ilícitas gran parte de las copias privadas y mantiene su financiación con cargo a los Presupuestos Generales, y tampoco mejora el sistema de gestión colectiva, por lo que va a provocar una gran caída en las rentas de los creadores, especialmente por permitir que, hasta que haya acuerdo entre las partes, los usuarios de los repertorios abonen las cantidades que unilateralmente estimen oportuno por el uso de obras protegidas”.

Estas carencias contribuirán a agudizar una crisis que aumentará el desempleo en el sector cultural, en el que solo en 2013 se perdieron 25.000 puestos de trabajo, y provocará una drástica reducción de su contribución al PIB y la desaparición de su relevancia económica. El comunicado finalizaba subrayando que “la Ley de Propiedad Intelectual debe ser una herramienta útil para mejorar la gestión colectiva, consagrada por la Unión Europea como sistema ideal para la gestión de derechos de propiedad intelectual, en lugar de hacerla más conflictiva e ineficiente”.

También la Coalición de Creadores mostró su malestar,  afirmando que “el inmovilismo del Gobierno es una realidad palmaria que no responde a las expectativas de diálogo alimentadas por el anuncio de un pacto de Estado por la Cultura”.

Así, emitía un comunicado en el que, entre otros puntos, aseguraba que “el Gobierno impone un texto que no soluciona los problemas graves que planteaba el Proyecto”, poniendo de manifiesto  la preocupación e inquietud del sector cultural por “la forma en que el Gobierno ha abordado la reforma de la ley, prescindiendo del diálogo con empresas, profesionales y otros titulares de derechos e incumpliendo compromisos adquiridos durante el proceso, en clara contradicción con las manifestaciones públicas sobre su firme voluntad de mejorar el marco regulatorio en la lucha contra la piratería de la que, sin faltar ocasión, ha querido hacer gala”.

Asimismo, la Coalición de Creadores reconocía el esfuerzo realizado por todos los grupos de la oposición en aras de alcanzar el mayor consenso sobre el proyecto de ley y lamentaba que “el Gobierno, especialmente el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, la Secretaría de Estado de Cultura, tampoco haya respondido a las expectativas de diálogo que alimentó durante meses ni haya concretado el pacto de Estado por la Cultura que planteó el portavoz popular en la Comisión de Cultura”.

El comunicado de La Coalición tildaba de “grave error estratégico” que, pese a haber hecho grandes esfuerzos por transmitir internacionalmente la importancia de alinear la norma española con las de países que deben ser nuestro referente y actualizarla para que sea una herramienta útil en su aplicación, se haya desaprovechado el trámite en el Congreso de los Diputados. “Hemos perdido una excelente ocasión para introducir en el proyecto los cambios necesarios para que la futura ley permita una protección eficaz de la propiedad intelectual en internet”, apuntaba la directora general de entidad que agrupa a las principales entidades de la industria cultural en España, Carlota Navarrete Barreiro.

“Que no se hayan incorporado al proyecto la mayoría de propuestas planteadas, no ya por el sector que afronta los perjuicios de una situación inaudita de permisividad frente a la piratería digital de contenidos en nuestro país, sino también por los principales órganos consultivos del Gobierno y otras instituciones de referencia, no es tan grave como que ni siquiera se hayan discutido mediante un verdadero diálogo constructivo. El inmovilismo del Gobierno es una realidad palmaria al evidenciarse que todos los esfuerzos acometidos en el proceso de tramitación han sido inútiles, pues lo aprobado podría decirse que no dista más que en matices de mejora de técnica legislativa del primer borrador de anteproyecto circulado para consulta pública en abril de 2013.”

Aunque en este reportaje ya lo hemos apuntado, dada la gravedad de la situación y haciéndonos eco de la nota emitida por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, destacamos cómo la piratería ha seguido creciendo en España hasta superar en 2013 las 3.192 millones de descargas ilegales, superando el valor de lo pirateado online los 16.136 millones de euros. Además, frustró 26.000 empleos e impidió ingresos públicos de 526,2 millones de euros, ya que la actividad económica ilegal no paga impuestos como el IRPF o el IVA ni cotizaciones a la Seguridad Social. Y, como se señalaba en el comunicado de La Coalición “no podemos dejar de lamentar al respecto la nula eficacia de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, CPI, como problema añadido al escaso compromiso del Gobierno. Frente a la gravedad de la situación, proteger la propiedad intelectual es imprescindible para mantener en España la aportación de la cultura al empleo, más del 3 por ciento del total (780.000 profesionales), así como a su Producto Interior Bruto, casi el 4 por ciento y superior al generado por la agricultura, ganadería y pesca (2,5 por ciento), la industria química (1,1 por ciento) o las telecomunicaciones (1,8 por ciento). Las industrias culturales y creativas españolas necesitan seguridad jurídica para poder ser competitivas en un mercado global”.

Con todo, los responsables de La Coalición mantienen su sincera y comprometida predisposición a dialogar y colaborar para mejorar el proyecto, pero “las industrias culturales y creativas no pueden obviar su decepción ni demorarse en estudiar las acciones a emprender para una más activa defensa de un sector clave para la recuperación de la economía”.

El comunicado finalizaba con una declaración de Carlota Navarrete: “entendemos que quizá hemos sido ingenuos al confiar que se había comprendido por el Ministerio y el Gobierno la urgencia e importancia de atajar la situación que atraviesa el sector a causa de las masivas vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual en Internet, pero, ahora, somos conscientes de que debemos transmitirlo con más claridad y fuerza. Hay todavía una oportunidad en el Senado, hemos visto la predisposición e interés de los grupos de la oposición a trabajar por una mejor Ley y, este sector, no renuncia a que, si en otros países han sido capaces de buscar soluciones eficaces, dejen a las industrias culturales de nuestro país condenadas al expolio”.

Y ahora, ¿qué?

Septiembre va a ser, sin duda, un mes movidito. Y no solo por  las manifestaciones culturales que van a tener lugar, como el Festival de Cine de San Sebastián.

A mediados de  septiembre se cumplirá el plazo de dos meses que la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española ha dado al Gobierno para que recapacite, de una vez por todas, para que el IVA cultural regrese 8 por ciento, porcentaje que nunca debió de incrementarse. Si el Ejecutivo, es decir, si el ministro Montoro, “no se apea del burro”, el sector se movilizará y  además de agravarse y tensionarse aún más las relaciones entre Gobierno e Industrias Culturales, es factible que se lleven a cabo paros, protestas, etc.

También en septiembre, previsiblemente, la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, llegará al Senado. Eso sí, con la oposición de las entidades de gestión y de La Coalición de Creadores entre otros sectores de la sociedad. Oposición que también se hará oir de forma notoria y que sin duda provocará un fuerte impacto mediático. Por su parte FAPAE tendrá algo que decir en octubre, si no se llega a algún acuerdo que mejore las actuales propuestas del Gobierno en cuanto a las desgravaciones por inversión para productores españoles y deducciones para el fomento de rodajes extranjeros en nuestro país. Todo ello supondrá una nueva sangría de votos para un Partido Popular que no cesa de descender en las encuestas sobre intención de voto ¿A qué espera el Gobierno para reconocer sus múltiples errores en política cultural?

 Partido Popular y Cine - Recortes 2012, 2013 y 2014:
 Aproximadamente 600 millones de euros

La redacción de Cine&Tele Online ha efectuado una valoración del daño económico que el Partido Popular ha infligido a la industria del cine en los casi tres años transcurridos desde su llegada al Gobierno. Esta valoración, cifrada en aproximadamente 600 millones de euros, se ha realizado con las cifras extraídas de los informes de FAPAE y FECE.

De esos 600 millones, solo 390 millones de euros han ido a parar a las arcas del Estado, mientras que los 210 millones restantes (los correspondientes a la Compensación por Copia Privada), han ido a engrosar los beneficios de las grandes multinacionales de la electrónica, tales como Samsung, Nokia, y el resto de fabricantes de equipos capaces de copiar y reproducir obras audiovisuales. El Gobierno, en una decisión que nadie entiende, ha eximido a estas empresas del pago del Canon Digital, un canon que existe en la mayor parte de los países europeos. Veamos el despiece de esta política económica totalmente errónea, y consideremos que con estos 390 millones de euros no hay siquiera para cubrir los costes fiscales y sociales derivados del cierre de cientos de empresas y el despido de miles de personas altamente cualificadas.

Subvenciones (Fondo ICAA)
Reducción de subvenciones 2012:                           40 millones
 Reducción de subvenciones 2013:                           50 millones
 Reducción de subvenciones 2014:                           60 millones
                                                                                          =========
                                                                                                                              150 millones €

Subvenciones (Debidas ICAA)
2012, 2013 y 2014:                                                       40 millones
                                                                                          =========
                                                                                                                                  40 millones €

Compensación por Copia Privada
2012:                                                                               70 millones
 2013:                                                                               70 millones
 2014:                                                                               70 millones
                                                                                          =========
                                                                                                                                210 millones €

Aumento del IVA
2013:                                                                               100 millones
 2014:                                                                               100 millones
                                                                                          ==========
                                                                                                                                200 millones €

TOTAL RECORTES: 600 MILLONES € (Aprox.)



El audiovisual, las patentes y el nuevo modelo productivo español

Si España necesita abandonar el modelo productivo, basado casi exclusivamente en el ladrillo y los servicios al turismo, la única vía posible es apostar por la Investigación, Desarrollo e Innovación, I+D+i. Es decir: las patentes, que son la base de nuestra economía global.

Desgraciadamente, España perdió hace mucho tiempo la carrera por las patentes tecnológicas, por eso nuestras industrias químicas y electrónicas son y seguirán siendo raquíticas, pero aún podríamos ser una potencia en las patentes culturales, es decir, en creación literaria, escénica, cinematográfica, televisiva, …

Lo que parece desconocer el Gobierno actual es que Ocho apellidos vascos, Lo imposible, Tadeo Jones, Ágora, Planet 51 o Alatriste, tienen el mismo valor que una patente y que, durante cien años, estarán produciendo beneficios para nuestro país. Mientras tanto, nuestros talentos han de buscarse la vida emigrando: un potencial humano que estamos perdiendo a raudales ante la impasividad de unos políticos incapaces de ver por dónde pueden trazarse nuevos caminos para la creación de puestos de trabajo de alta cualificación dentro de un nuevo modelo productivo más acorde con los países de nuestro entorno.


Fuente: cineytele.com